El recientemente aprobado Real Decreto 7/2026 supone un paso decisivo en la consolidación del autoconsumo colectivo y el impulso de las comunidades energéticas en España. Este nuevo marco normativo refuerza el papel de la ciudadanía, las administraciones locales y los pequeños actores en la transición energética, facilitando su participación activa en la generación, gestión y consumo de energía renovable. En un contexto marcado por la necesidad de descarbonización, democratización de la energía y resiliencia del sistema eléctrico, las medidas incluidas en este decreto eliminan barreras administrativas, introducen mayor flexibilidad regulatoria y mejoran las condiciones para el desarrollo de proyectos colectivos. A continuación, se detallan las medidas clasificadas por su naturaleza:
Medidas Regulatorias y de Gestión
- Incremento de la distancia en autoconsumo colectivo: se amplía la distancia máxima permitida entre el punto de generación y los de consumo para instalaciones de tecnología fotovoltaica o eólica (de hasta 5 MW) hasta los 5.000 metros cuando la conexión se realice a través de la red. Esto contribuirá a facilitar el desarrollo de proyectos en contextos donde las distancias y disponibilidad de espacio en los núcleos urbanos comprometían el despliegue de instalaciones de autoconsumo colectivo, especialmente en el contexto de las comunidades energéticas
- Creación del "Gestor de Autoconsumo": se introduce esta figura legal en la Ley del Sector Eléctrico para representar los intereses de los consumidores y facilitar la gestión colectiva de las instalaciones.
- Compatibilidad de modalidades: se habilita la posibilidad de compatibilizar distintas modalidades, permitiendo, por ejemplo, combinar un autoconsumo individual sin excedentes con uno asociado a través de la red.
- Servicio de atención específico: los gestores de red deberán disponer de un servicio de atención para titulares y representantes de instalaciones de autoconsumo que permita gestionar quejas y consultar el estado de los expedientes.
- Desarrollo reglamentario de comunidades energéticas: se otorga un mandato al Gobierno para aprobar en tres meses un real decreto que desarrolle las comunidades de energías renovables y ciudadanas, incluyendo la reserva de cupos de potencia en subastas para proyectos locales.
Medidas Fiscales e Incentivos Económicos
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Bonificaciones en impuestos locales (IBI): los ayuntamientos podrán regular bonificaciones de hasta el 50 % en el IBI, pudiendo variar el porcentaje si el inmueble cede espacios para sistemas asociados a comunidades energéticas.
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Ayudas a Oficinas de Transformación Comunitaria (OTC): se dota con 10 millones de euros un programa de ayudas para que estas oficinas promocionen y dinamicen las comunidades energéticas
Medidas sobre Capacidad y Acceso a la Red
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Liberación de capacidad en nudos saturados: se libera el 10 % de la capacidad reservada para concursos de generación en nudos de la red con el fin de destinarla específicamente a instalaciones de autoconsumo.
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Control de bloqueos en la red: se limita la capacidad de acceso de demanda para autoconsumo en posiciones de generación a un máximo del 50 % de la capacidad de generación, evitando que se soliciten potencias mínimas solo para bloquear el acceso a otros agentes.
Competencias Locales
- Nueva competencia municipal: se modifica la Ley de Bases del Régimen Local para incluir expresamente entre las competencias de los municipios la promoción y participación en comunidades ciudadanas y de energías renovables, así como el fomento del autoconsumo
Retorno Social Obligatorio: Beneficio al Territorio
Aquellas instalaciones de producción que tengan su punto de conexión con las redes de transporte o distribución a una tensión igual o superior a 132 kV deberán trasladar, directa o indirectamente, una parte de los beneficios de los proyectos a los ciudadanos y comunidades locales en las proximidades de dichos proyectos.
Estándar voluntario de excelencia social y territorial
Para proyectos energéticos (renovables, almacenamiento y redes), que será regulado por el Ministerio. Aunque no es obligatorio, obtenerlo puede dar ventajas en procesos como acceso a la red o reconocimiento como proyecto preferente.
Para conseguir este reconocimiento, los proyectos deben cumplir varios criterios sociales y territoriales. Entre ellos, destacan:
- Participación ciudadana ampliada, incluyendo información, consulta pública y también la posibilidad de que la ciudadanía participe en la financiación (por ejemplo, mediante crowdfunding o participación en el capital).
- Impacto positivo en el territorio, como creación de empleo local, desarrollo económico, formación profesional e integración con actividades como la agricultura o ganadería.
- Especial énfasis en comunidades energéticas: se promueve activamente la creación de comunidades energéticas y el autoconsumo compartido, junto con medidas para combatir la pobreza energética y mejorar el acceso a la energía para la población local.
- Criterios ambientales exigentes en el diseño, construcción y operación de los proyectos.
En resumen, el estándar busca que los proyectos energéticos no solo produzcan energía limpia, sino que también beneficien directamente a las comunidades locales, especialmente a través del impulso de comunidades energéticas y modelos participativos de acceso y gestión de la energía.
