España ha sufrido significativamente las consecuencias de la falta de un marco tanto financiero como reglamentario estable y favorecedor para el desarrollo de la energía comunitaria. Hasta la publicación en junio de 2020 del Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía para la reactivación económica, y que define por primera vez el término comunidades energéticas, no existía ni un marco legal ni una definición de éstas. El desarrollo de la energía comunitaria, y de hecho de todas las energías renovables, se vio obstaculizado por los cambios retroactivos en los planes de apoyo y la imposición del infame “impuesto al sol” en 2011. Un impuesto por el que la ciudadanía tenía que pagar por la energía que producía en sus propios tejados y con sus propios paneles solares. Afortunadamente en 2019 se aprobó una nueva legislación que anuló dicho impuesto y las iniciativas de energía comunitaria empezaron a surgir lentamente de nuevo, especialmente aquellas que podían ser apoyadas por proyectos ya existentes como la cooperativa Som Energía. Sin embargo, la legislación por la cual se imponía el “impuesto al Sol”, ha tenido un profundo efecto intimidatorio, y la ciudadanía en su mayoría es aún reacia a invertir su dinero por temor a que tales cargos puedan volver en el futuro
