Ahora que ya no cabe duda de que el cambio climático, el agotamiento de los recursos y la contaminación extrema son una importante amenaza para el planeta, transitar desde los combustibles fósiles hacia las energías renovables es uno de los retos más importantes a los que se enfrenta la humanidad en el siglo XXI. Aún mayor es el reto de conseguir que esta transición sea justa y democrática, en un contexto en el que las grandes empresas y los grupos corporativos ya se postulan y toman posiciones para capitanear el cambio. De ese modo quieren mantener el control y la propiedad de los sistemas de producción energética y el gran negocio que comportan. Por otra parte, en España, durante muchos años, las leyes que regulaban el sector eléctrico estaban diseñadas para desincentivar y poner barreras a que la ciudadanía generase su energía renovable, y mantener intacto el statu quo del oligopolio de las grandes eléctricas. Por suerte, en los últimos años, dado que es obligatorio que los estados miembros cumplan las directrices europeas, se han dado pasos importantes para crear un marco normativo favorable. Estas normas deben permitir y facilitar a las personas generar su propia energía en los tejados, compartirla e intercambiarla en colectivo. Aunque se han conseguido notables mejoras, todavía es necesario seguir avanzando para desmontar las barreras y los obstáculos legales con los que choca el impulso de la energía comunitaria ciudadana.